La familia de la joven
Karla Romero (29), estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad
Católica del Táchira (Ucat), de quien se dijo, por encargo del oficial de la
Guardia Nacional (GN), Manuel Parra, fue ajusticiada a tiros por dos individuos
que se trasladaban en motocicleta el 9 de mayo de 2018, acudirá ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la Oficina Pública
de defensa de las víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) y a la
Fiscalía de la CPI, con el apoyo de la Fundación El Amparo, que preside el
defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, con el fin de buscar la
justicia que en Venezuela se les ha negado desde hace dos años.
Explicó Walter
Márquez, acompañado de varios familiares de la joven estudiante fallecida, entre
ellos, sus hermanas Luz del Mar y Briggitte Romero y su abuela Gladys Quintero,
que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)
y el Ministerio Público, lograron determinar, basados en evidencias precisas,
que el asesinato de Karla Romero fue por encargo, tal como lo aceptó y confesó
el autor material de este homicidio calificado, Jaiver Enrique Velásquez
Colmenares, quien actuó en compañía de Enderson Daniel Hernández Vargas,
acusado también de cooperador inmediato, por ser quien manejaba la moto.
“En este caso existen
elementos de convicción para la acusación firme en contra de los involucrados,
pues además de los testimonios y experticias recabados por el CICPC están las
pruebas realizadas a los teléfonos móviles del autor intelectual, de los
intermediarios y de los autores materiales, la propia confesión del autor
material quien habría cobrado 4 millones de pesos colombianos por ´el encargo´
de acabar con la vida de la joven Karla, y la información sobre las amenazas que
anterior al asesinato había proferido el responsable de estos hechos, con quien
tenía una relación sentimental”, explicó Márquez.
Detalló que están en
presencia de un homicidio calificado que se conoce como femicidio pues el autor
material confesó, y está claramente identificada una cadena de responsables que
empieza con Manuel Salvador Parra Ramírez, autor intelectual, quien valiéndose
de su jerarquía como Mayor de la Guardia Nacional coordinó con su subalterno
Ledysson Becerra Castillo, y éste, a su vez, hizo contacto con Wilfrid Tovar
Landaeta, quien participó como intermediario y contrató a Jaiver Enrique
Velásquez quien finalmente se hizo acompañar de Enderson Daniel Hernández
Vargas.
Destacó Márquez que la
Juez Primero en funciones de control y de delitos de violencia contra la mujer,
Peggy María Pacheco Araque, dictó orden de captura contra los principales
responsables de este hecho el 15 de octubre de 2018, pero a la fecha lo único que
ha ocurrido es el ascenso militar del responsable.
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