En los calabozos del CICPC San Cristóbal,
albergan más de 120 privados de libertad, situación que a juicio de Raiza Ramírez, representante del Observatorio Venezolano de Prisiones sectorial Táchira, representa un hacinamiento que empeoraría el estado de salud de estos privados de libertad sin son confirmados mediante las pruebas de PCR positivos.
"Hay una situación de hacinamiento, además la justicia está paralizada, solamente se dictan las privaciones y no se hacen audiencias, hace poco hicieron algunas audiencias preliminares en San Cristóbal, pero son muy pocas, donde las personas deben admitir los hechos para que les den una medida cautelar sustitutiva", explicó.
Para la penalista, esta problemática viola el derecho a la Salud y la Vida de los reos, porque estás personas contagiadas no pueden ser llevadas los centros penitenciarios-cárceles- y si se confirma esa cantidad de presos con Covid19, "pudiera haber una mortandad de la que serán responsable los Jueces del estado y el TSJ".
Mencionó que no se han hecho audiencias preliminares, sólo de Flagrancias, donde en su mayoría la acción penal es la privacidad de libertad, ante esto expresó, se ha venido incrementando la cantidad de personas que esta, en los recintos carcelarios, o en los recintos policiales.
Considera que, ante este eminente hecho, el TSJ puedan implementar sus labores vía web, Zoom, o demás plataformas digitales para dar el aislamiento debido entre los privados desde el sitio de reclusión, " y otorgar en el caso que lo amerite medidas cautelares para los que puedan salir; o arresto domiciliario, bajo ciertas condiciones".
Ingmary Rodríguez
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