Javier Tarazona, director general de FundaRedes, denunció ante la Defensoría del Pueblo que las comunidades que han ofrecido alimentos, hidratación, un lugar para descansar o el baño a los caminantes, han sido víctimas de amenazas por parte de supuestos colectivos.
Destacó
que vecinos de varias comunidades que se han organizado para darle una mano a
los migrantes forzados, han recibido visitas de sujetos armados, quienes les
advierten que si continúan ayudando a los caminantes tendrán que pagar las
consecuencias.
Expresó
que el Estado busca silenciar esta situación, porque incumple en su deber de
garantizar las condiciones para que los ciudadanos no tengan que huir del país,
y en su defecto intentan impedir que las personas se movilicen hacia la
frontera.
En
tal sentido, FundaRedes exigió al Estado venezolano, que si quienes ostentan el
poder son incapaces de garantizar un país donde la gente pueda cubrir sus
necesidades básicas, “al menos permitan que la gente ejerza su derecho a migrar
en condiciones dignas y sin ser extorsionados por los propios funcionarios que
deberían resguardarlos”.
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