Para la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, la distorsión económica que atraviesa el país, ante el uso diario de moneda extranjera sin ningún control fiscal o norma que lo rija, ´´está afectando el patrimonio público del país y, por ende, la realización de proyectos que solventen necesidades básicas de la población´´.
Dijo que: “en el Táchira desde hace dos años, la moneda de
uso, de hecho, es el peso colombiano porque cada día los puntos electrónicos
son más deficientes, las entidades bancarias, no dispensan la cantidad de
bolívares que cuesta ni siquiera un cartón de huevos e incluso en algunos
municipios con alcaldes bolivarianos, el gas doméstico es cobrado en pesos sin
ningún tipo de auditoría o control fiscal”.
´´Toda esta situación, conlleva a que en la frontera con
Colombia no haya control aduanero ni recaudación fiscal, generando una
descomposición económica que afecta a todos los servicios que dependan del
Estado´´.
Argumentó que a pesar
de que los gobiernos locales y regionales reciben el presupuesto público
correspondiente al situado constitucional no les permite por la devaluación
constante del bolívar, compensar los requerimientos básicos para garantizar
calidad de vida a los tachirenses, “situación que continuará hasta tanto
existan medidas económicas que sinceren la realidad de los venezolanos”.
Destacó que es preocupante la situación que atraviesan todas
las entidades de administración pública, las cuales reciben bolívares y la
devaluación sobrepasa los requerimientos básicos de la población, a esto se le
suma el ausentismo laboral producto de la pandemia.
“Los trabajadores no tienen cómo trasladarse, no hay
gasolina ni transporte público y se requiere un personal básico para montar un
proceso de ejecución de los recursos y mientras se resuelve este tipo de
contingencia, se devalúa el presupuesto, a esto se le suma, que tanto
proveedores como la comercialización de los insumos es cobrado en divisas”,
aseveró Gómez.
Indicó que están realizando las peticiones requeridas para
establecer protocolos que permitan a los funcionarios llegar a sus sitios de
trabajo durante esta pandemia y así atender el tema de los servicios públicos y
evitar que la administración pública se paralice.

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