La política discriminatoria de los revolucionarios siglo XXI no tiene precedente. La prioridad es la exclusión y el crecimiento de la pobreza. Sus asesores económicos les han sugerido la estrategia de control social a través de la indigencia. Son sobresalientes en el engaño y actúan descaradamente señalando a otros de sus bazofias. El pago de salario a los funcionarios de la administración pública les perturba, y disimulan su eliminación a través de bonos para evitar la protesta social. Van camino de la implementación de la permuta. Hay quienes les aplauden tal desfachatez, e incluso, salen a celebrar la llegada de la mendicidad. La falta de dignidad se patentiza en esas personas.
Los gobiernos regionales en manos del oficialismo han guardado silencio a tales despropósitos. Tal vez temen el castigo, hostigamiento y persecución, al ser llamados traidores a la revolución. Se plantearon el culto al personalismo y ahora se sienten ahogados. Del lado de algunos actores disfrazados de oposición sucede lo mismo para con los gobernadores que se atreven con hidalguía a hacer el reclamo ante el exabrupto del régimen. Plantean su postura en la ambición personal y se olvidan de las necesidades de la mayoría y el derecho consagrado en la Constitución Nacional.
La gobernadora Laidy Gómez, ha manifestado públicamente la exigencia al Gobierno nacional, se reconozca y cancele el bono ´´Simón Rodríguez´´ a los educadores de la gobernación, desde el mismo momento de su creación, que se materializan en oficios publicados con fecha 26-01-2021, resaltando la solicitud del pago inmediato del mismo a este sector (lo pueden buscar en @jarturoms1 con fecha 27 de marzo 2021). A la fecha, el Ministro Aristóbulo Istúriz, se ha negado a hacer efectivo ese pago a los educadores, direccionando su venganza hacia los mismos, por ser docentes batalladores, creativos, estudiosos y comprometidos con el pensamiento plural. Por ello, los discrimina y se burla de sus reivindicaciones. No acepta que la mandataria regional le exija el cumplimiento del deber constitucional.
El reclamo no ha cesado por parte de la gobernadora del Táchira y su tren ejecutivo. La reflexión debe ser permanente para quienes han llamado a la abstención facilitándole al régimen actos como los denunciados. El oficialismo tiene como meta sembrar la desesperanza, apropiarse de los espacios de poder regional y municipal, e implementar el estado comunal. La organización y participación de los ciudadanos puede detener esa locura. Las elecciones de gobernadores y alcaldes es la oportunidad. Cualquiera, que sean las condiciones electorales, es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos la que se va a imponer para restablecer el Estado de Derecho, y que no sigan sucediendo atropellos como las que se registran con el salario y el bono ´´Simón Rodríguez´´, entre otros.
Arturo Molina
@jarturoms1
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