José Vidal Agelviz, Secretario General el Sindicato de
Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Táchira, rechazó la decisión del
Gobierno nacional de realizar los pagos de los empleados de la administración
pública estadal y municipal a través del Sistema Patria.
Afirmó que este mecanismo desfavorece el ingreso de los trabajadores fijos administrativos, obreros y jubilados, anulando reivindicaciones obtenidas durante años de lucha.
´´Esta medida además de generar angustia e incertidumbre,
genera una gran cantidad de inconvenientes ya que la plataforma no garantiza la
inmediatez y disponibilidad de los ingresos ni tampoco el pago de primas u
otros beneficios que por ley corresponden a los trabajadores´, aseguró.
Para Vidal Agelvis, “no es difícil vislumbrar que desde el
poder central se pretende eliminar la partida 401 que corresponde a sueldos y
salarios, pues ya desde hace tiempo han venido mermando el ingreso del
trabajador con la imposición de las tablas salariales, eliminando una gran
cantidad de primas y beneficios”.
Ante esta situación, hace un llamado a los trabajadores de
las 335 alcaldías y gobernaciones del país para que conjuntamente con los
sindicatos “se emprendan acciones para exigir respeto a los derechos de los
empleados públicos y en defensa de la autonomía de las instituciones”.
Repuso que: “al depender administrativamente del Gobierno
nacional, las alcaldías y gobernaciones quedarían acéfalas, es decir, sólo para
pagar nómina cuando dispongan de los recursos, sin ningún tipo de beneficio y a
discrecionalidad”, afirmó el representante sindical.
Por su parte, Adolfo León Guerrero presidente del Sindicato
de la Salud y similares del estado Táchira, manifestó el total e irrestricto
respaldo a todas las acciones de protestas que pudieran generarse desde el
movimiento sindical en la entidad en defensa de los trabajadores de la
administración pública.
Asimismo, el representante del Sindicato de Jubilados y
Pensionados del estado Táchira, Miguel Ángel Molina Sánchez, expresó su
inconformidad con el nuevo método de cancelación de los salarios y pensiones
para el personal de la administración pública.
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