Opinión: El engaño del parlamento comunal Por Julio César Hernández

Cada ideología política tiene su propia concepción de la Democracia. Es un término difuso si se quiere, por qué es invocado y aplicado con distinta intención, según la categoría ideológica que se profese. Por ello, resulta engañoso, que se señale que entre los motivos que darán origen al parlamento comunal, están la lucha por una mejor democracia, la igualdad y la justicia, cuando vivimos un largo periodo de déficit democrático.

A partir de ese injustificado parlamento comunal, se quiere dar un vuelco extremo a la letra de la Constitución sobre participación ciudadana, la que bajo la óptica socialista encubre más bien, una participación revolucionaria de muchedumbres adherentes, en la gestión de los asuntos del autogobierno comunal y del propio parlamento; esos adherentes, incondicionales al poder popular, y considerados la máxima expresión de la soberanía popular, serán en realidad los únicos protagonistas del manejo de los asuntos locales.

En la concepción del parlamento comunal, otro plan es formar revolucionarios, más que ciudadanos, pues al conquistar espacios territoriales de carácter comunal, iniciarán procesos de adoctrinamiento en base a las más importantes ideas del socialismo, tales como: propiedad social, planificación central de la economía, fusión del Estado comunal con el partido y restricciones a las libertades de información y opinión entre otras, que son totalmente contrarias a los principios de Democracia liberal.

De manera notoria en la ley del parlamento comunal, se desplaza al Estado Democrático constitucional por el estado comunal y no lo disimulan, más bien otorgan a las ciudades comunales un ordenamiento normativo claramente tendencioso, que busca patrones comunes de comportamiento políticos, sociales, culturales y económicos, pues así es el socialismo, no privilegia la diversidad ni el pluralismo.

Es propósito claro, instaurar y mantener con este parlamento comunal una alienación ideológica colectiva, que haga creer que su poder popular es detentador de un poder constituyente originario, que por lo demás no posee; pero que le permitirá cuando lo consideren conveniente, cambiar cualquier regla democrática que les estorbe, a nombre del pueblo que ellos dicen representar y que, no son más que sus estructuras políticas disfrazadas. Frente a tales despropósitos, los ciudadanos debemos interesarnos por la política y la participación, con firmeza y responsabilidad, para impedirlo.