Opinión Órdenes superiores Por Julio César Hernández

La larga pandemia ha servido para que muchos funcionarios militares y policiales interpreten y apliquen cualquier normativa constitucional, legal o reglamentaria sobre derechos y libertades civiles y políticas, a su real saber y entender. En calles, avenidas o carreteras del estado, se les ve, restringiendo la libre circulación o en muchos casos obstruyéndola, lo cual está terminantemente prohibido aún en Estados de Excepción, por lo cual hay que recordárselos una vez más. En tal sentido, no puede seguir ocurriendo, que aún en las semanas flexibles, decretadas u ordenadas por el régimen haya excesos o arbitrariedades de aquellas autoridades en relación al trato con los ciudadanos.

Creemos que la presencia en las calles de funcionarios militares y policiales, debe ser más amable y orientadora para con los ciudadanos, porque hasta ahora, no dejan ni un sólo mensaje de prevención en relación al covid-19; pareciera por el contrario, que en una de las tantas alcabalas que instalan en cualquier sitio, sin cumplir por lo demás con la normativa que los obliga a ello, estuvieran buscando al hampón denominado “covid” y que el mismo habita en todas aquellas personas que por cualquier motivo o circunstancia, tengan que circular en horas de la tarde especialmente. La actitud de ellos es lamentablemente intimidante y poco servicial.

Ocurre con frecuencia que cuando a cualquier ciudadano se le lesiona el derecho al libre tránsito, o a un trato decoroso o cualquier otro derecho de naturaleza civil, el funcionario militar o policial, se escuda y justifica en el inconsistente argumento legal de que está cumpliendo órdenes superiores. Esto significa que se invoca infundadamente una obediencia debida a un superior jerárquico, que por lo demás no es identificado frente al afectado o afectados, lo que les causa una desagradable indefensión al generarse una incertidumbre para saber ante quien se puede hacer cualquier reclamo. Esa falta de transparencia o información, es contraria al clima de respeto a la dignidad humana.

Las órdenes superiores de acuerdo al actual texto constitucional, aún vigente, que no de papel, no son letras decorativas u ornamentales, son reglas de convivencia entre el Estado con los ciudadanos, dando preeminencia en el caso venezolano a los derechos humanos, aún los innominados, por tanto, no pueden servir aquellas de excusa para que invocándolas, cualquier autoridad militar o policial evada su deber de garantizar en la mayor medida posible, la materialización de cualquier derecho fundamental, eso sí, dentro del marco de ley; aun cuando debemos decir, que la regulación sobre derechos humanos, no contemplados en el Decreto de Estado de Alarma por la pandemia es casi que inexistente.    

Expuesto todo lo anterior, se agrega que cualquier subordinado militar o policial que obedezca una orden, está sujeto a castigo si tenía conocimiento de que la orden del superior implicaba la violación de un derecho civil, político, social o de cualquier otra índole. Por último, cabe argumentar en favor de la prevención de conductas arbitrarias o abusivas por parte de funcionarios militares o policiales, con el pretexto de estar cumpliendo órdenes superiores, que, los receptores de las mismas, no están en la obligación de cumplir la orden de su oficial superior, cuando ésta sea manifiestamente ilegal y no quepa la menor duda de ello, caso contrario deberán ser sometidos tarde o temprano a la Justicia.