La decisión del Presidente de nombrar una comisión especial para hacer una revolución profunda y acelerada en el sistema de justicia es necesaria, oportuna y urgente. El Estado venezolano cojea gravemente en el Poder Judicial y las instituciones que forman parte del sistema.
El sistema de justicia venezolano padece graves males estructurales con muchas aristas que deben ser atendidas en el Plan Especial planteado por el Presidente de la República; plan que arranca con atacar y resolver el hacinamiento de detenidos en los centros preventivos y el retardo procesal de fiscalías y tribunales penales, para luego abordar la reforma legislativa indispensable para atacar falencias formales y después, como última parte del Plan Especial, hacer las transformaciones institucionales que materialicen el real y efectivo funcionamiento del sistema de justicia diseñado en la Constitución.
Son parte de la crisis sistema de la justicia venezolana, asuntos tales como los sueldos miserables que estimulan e incluso justifican la corrupción; la provisionalidad de los jueces; la nula formación profesional impartida por el sistema para formar fiscales, jueces, defensores, secretarios y asistentes; los concursos de oposición que no ocurren; las decisiones de los jueces previamente autorizadas por un superior; los procedimientos que causan a propósito el retardo procesal; la obligatoriedad del traslado de reclusos que no se sanciona; la crónica suspensión de audiencias por fiscales y jueces; la indolencia en determinar niveles de ocupación de centros de detención preventiva; las detenciones arbitrarias por retardo en el otorgamiento de medidas sustitutivas; el control de archivos donde se “pierden” expedientes que luego aparecen por arte de magia; el “mercado judicial” que existe donde todo se cobra; las micro “mafias” formadas por funcionarios de diferentes instituciones para cobrar a los detenidos; problemas que deberán ser atendidos por la Comisión y resueltos con la perentoriedad que ordena la realidad.
No es cualquier cosa la misión encomendada por el Presidente a la Comisión Especial, porque se trata de construir una Política Pública que produzca una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia, cuya consecuencia debe ser la vida real y efectiva del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia del artículo 2 constitucional, para lo cual es determinante el respaldo y la participación de los ciudadanos y el control sobre las decisiones tomadas por la Comisión Especial.
La sociedad en general es la principal interesada en los cambios del sistema de justicia, pero de igual forma, no debemos olvidar que dentro del mismo existen interesados en que nada cambie, para que no se acabe el “mercado” judicial. Es urgente la participación en esta tarea; en particular, de los abogados para monitorear el desarrollo del plan.
Como integrantes del sistema de justicia, los abogados deben asumir el deber de la corresponsabilidad. Resignarnos a esperar que la Comisión Especial resuelva lo que las instituciones del sistema no han hecho en 20 años o conformarnos con criticar y señalar los “lunares” del sistema, sin aportar a las soluciones, sería un acto de irresponsabilidad frente al problema.
El lapso de 30 días lapso para descongestionar centros preventivos de reclusión, revisar y liquidar el retardo procesal injustificado y tomar decisiones que permitan desocupar las cárceles improvisadas en los cuerpos de seguridad del Estado, está en curso. Por ello, debemos estar pendientes de la ejecución efectiva de esta primera etapa del Plan, pues habrá renuencia en ayudar por parte de las “micromafias” de funcionarios que viven del retardo procesal y del hacinamiento. Es el momento para que sean neutralizadas por la Comisión.
En todo caso, lo más importante en esta nueva iniciativa de transformación del sistema de justicia es, que concluya con la formulación de una Política del Estado que logre el real y efectivo funcionamiento del sistema, para que exista el verdadero Estado de Justicia.
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