La gobernadora del Táchira Laidy Gómez afirmó que aunque los contenedores fueron removidos de los puentes internacionales en la frontera, “el paso peatonal por Puente Unión entre Boca de Grita y Puerto de Santander sigue siendo objeto de cobros ilegales y extorsión”.
“Le cobran a las personas entre 10 y 20 mil pesos para dejarlos pasar, todo esto, a pesar de la expectativa creada luego de los anuncios de libre tránsito hechos por los representantes nacionales cuando quitaron los contenedores”, señaló.
En los municipios Bolívar y Pedro María Ureña – reseñó Gómez – las agencias aduanales, los comerciantes y empresarios de la zona siguen a la expectativa de las promesas incumplidas que indicaban la habilitación aduanera.
“Una vez más los engañaron e hicieron una oferta política que no se ha hecho efectiva, porque la realidad es que la economía fronteriza continúa paralizada”, dijo.
Aseguró que la movilidad y activación progresiva de la economía no se han dado totalmente “porque eso vulnera las negociaciones ilícitas que promueve el señor Bernal a través de las trochas”.
Sin embargo, – continuó la mandataria regional – que el puente Internacional Simón Bolívar se esté habilitando progresivamente le aporta a la población la posibilidad de ir a Cúcuta en busca de oportunidades, “nadie en la frontera puede vivir con un salario mínimo”.
Manifestó que debido a esta nueva dinámica se comenzaron activar los comercios en la avenida Venezuela, “y ya se puede desahogar un poco lo que es la iniciativa laboral para que la gente logre o pueda comer”.
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