En la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, existió “la rotunda”, la cárcel caraqueña más célebre, adonde iban a parar los enemigos políticos a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Intelectuales, sacerdotes, políticos, estudiantes, fueron los habituales reclusos de uno de los antros de tortura más crueles e inhumanos de nuestra historia carcelaria.
Jovita Villalba, Rufino Blanco, Andrés Eloy Blanco, José
Rafael Pocaterra, Ramón Delgado Chalbaud, se cuentan entre algunos de los más
destacados ciudadanos que debieron sufrir los tormentos a que eran sometidos
los presos en esa ergástula miserable.
Grilletes y pernos de acero en los pies que impedían todo
libre movimiento, se solía introducir veneno en los alimentos de los presos
sobre los que pesaban órdenes de asesinato, vidrio molido en sus bebidas para
causar un mayor sufrimiento a la hora de su muerte; además de las torturas y
trabajos forzados, ordenados por el verdugo, Nereo Pacheco, cumpliendo
instrucciones del dictador Gómez.
Iniciada su construcción en el año 1844 durante la
presidencia de Carlos Soublete, fue concluida en el año 1854 durante el
gobierno de José Tadeo Monagas, ubicada en Caracas donde actualmente se
encuentra la plaza, La Concordia. 90 años después fue demolida en el año 1936
durante el gobierno de Eleazar López Contreras, buscando eliminar cualquier
vestigio de la crueldad y barbarie del régimen gomecista, en
lo que se recuerda como una de las épocas más oscuras en la historia de
Venezuela.
Lamentablemente, lejos de ser un hecho aleccionador y un
referente para el cambio positivo necesario en el manejo de las políticas
carcelarias, aún hoy, en pleno siglo XXI, donde las libertades y derechos
ciudadanos se encuentran protegidos por diversas organizaciones internacionales
sobre derechos humanos el balance en cuanto a las políticas carcelarias es
deprimente y vergonzoso en nuestro país. Basta revisar cifras y estadísticas
suministradas por el observatorio venezolano de prisiones (OVP), para desnudar
esta triste y dramática realidad.
Cerca de 40.000 personas privadas de libertad, distribuidas
en 34 cárceles del país con capacidad para albergar 21.000 de ellas, pone de
manifiesto el descomunal hacinamiento humano cercano al 120 por ciento, con el
agravante que más de la mitad son procesados sin sentencia firme, otros tantos
ya cumplieron sus penas y aún siguen presos sin decisión legal e incluso otros
con boleta de excarcelación ignorada por sus captores y custodios.
A este hacinamiento, se suman la precariedad de condiciones
de vida al interior de los recintos carcelarios, donde la pésima alimentación,
falta de atención médica, servicios básicos , insalubridad y constantes
violaciones y abusos a la integridad física de los presos, han generado mítines
y masacres con saldos lamentables de muertos y heridos donde el pranato impone
su propia ley bajo la mirada cómplice y
complaciente de las autoridades penitenciarias únicas responsables de la vida
de los presos mientras estén bajo
custodia del Estado. El otro asunto que preocupa, es el de los llamados presos
políticos, los cuales no dependen del ministerio de Asuntos Penitenciarios,
sino de la Olivia política y de la inteligencia del Gobierno actual; para
ellos, existe el Helicoide y La Tumba como sitios de reclusión.
El Helicoide, considerado por algunos como el mayor centro de tortura en Venezuela, funciona como centro penitenciario manejado por el Sebin desde el año 2009, mientras que la llamada “Tumba” es un sótano ubicado 5 pisos bajo tierra del edificio que funciona como sede del Sebin en Plaza Venezuela. El número de presos políticos cercanos a 260, lo conforman militares, políticos, estudiantes, algunos sometidos a jurisdicción militar y la mayoría sin definición legal…
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