Opinión Informe Condenatorio Por Julio César Hernández

El pasado 24 de septiembre, la comunidad internacional condenó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, con base a un informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos, ordenado por las Naciones Unidas. Dicho informe no sólo fue redactado por personas que trabajaron en el sistema de justicia del país, cuyas acreditaciones fueron verificadas; sino también por exjueces y exfiscales que ya no están en el país y que se sumaron a los testimonios de las víctimas y sus familiares para describir los métodos con los que el sistema judicial venía garantizando la impunidad de agentes del gobierno.

La ONU a través de esta misión resaltó como importantes figuras del régimen intervenían en negocios o asuntos Estado, sin ningún tipo de limitación o contrapeso, lo cual hacía que concentraran aún más poder o recursos, manejados a su libre albedrío, con serias dudas sobre su origen y destino. Esa impunidad los hizo exentos al debido proceso, pues ningún órgano del Poder Público se atrevió a someterlos a la ley, para que rindan cuenta de sus desafueros. Todo ello señala el mencionado informe contribuyó con la violación de derechos humanos de opositores al régimen al ordenarse y ejecutarse detenciones arbitrarias al denunciarse estos hechos.

Se relata en el mencionado informe que ex jueces y ex fiscales recibieron instrucciones para decidir los casos y cómo actuar sobre todo contra personas que se oponen al régimen y cuyas garantías procesales no le son aseguradas una vez que son aprehendidos. Se le informó a la ONU que la justicia no actúa como un verdadero contrapeso, que jueces y fiscales, han desempeñado a través de sus actos y omisiones roles importantes en detrimento de la vigencia de derechos fundamentales de perseguidos políticos, cómo el derecho al honor, al prestigio, a la buena reputación, a la integridad física o psicológica entre otros, qué ceden ante las presiones gubernamentales.

En el informe de más de 200 páginas, se señala que, entre las múltiples irregularidades, se encuentra el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria, cuando la misma debería ser excepcional; igualmente se dice qué se emiten órdenes de aprehensión con carácter retroactivo para ocultar detenciones mal realizadas en ese sentido o producir pruebas esta vez conforme a la ley, cuándo anteriormente se han producido de forma contraria a la dignidad humana. Por otro lado, relata ese informe que muchos abogados sufren con frecuencia obstáculos para ejercer sus defensas técnicas, y a menudo los detenidos son forzados a aceptar un abogado de oficio y no de su confianza.

En base a las anteriores consideraciones, no deja uno de inquietarse y así se deja expresamente escrito, por la suerte o destino judicial de aquellas personas que son detenidas por el régimen, sin que se enerven las condiciones exigidas por la ley, y solo se actúa en ese sentido con base al frío y oscuro cálculo político de sacar del juego político a cuánto rival se le pueda atravesar en el camino a uno de esos personajes que según el informe sobre derechos humanos y justicia en el país, presionan a cada instante para que se haga su real voluntad de forma autocrática y hegemónica.