Opinión A conquistar Gobernaciones Por Julio César Hernández

El domingo 21 de noviembre, se llevará a cabo el evento electoral de las elecciones regionales y municipales. Como todos saben, las mismas se efectúan cada cuatro (4) años por mandato constitucional y legal, es decir, se cumplen por períodos de tiempo, los cuales encuentran su tope en la fecha mencionada al inicio de este escrito. Al ser estipuladas de esa manera, por supuesto que deben llevarse a cabo, le  guste o no a los factores de la antipolitica o del abstencionismo, quienes al cuestionar indebidamente su realización se colocan al margen de la lucha constitucional, que debe ser política, esto es, en base a propuestas o visiones de nuestra sociedad; electoral, vale decir encausada a través del voto y pacífica, o sea, por medios civilizados.

Los estados de la federación venezolana, son entidades territoriales intermedias, cuyo gobierno y administración compete a los Gobernadores o Gobernadoras, que son funcionarios de elección popular. Ellos encarnan la voz de las reivindicaciones sociales y económicas de la mayoría de las poblaciones regionales que aspiran y esperan, una mayor calidad de vida. Puede decirse que en condiciones de funcionalidad democrática, están llamados a ser promotores de desarrollo y crecimiento, mediante la realización de alianzas estratégicas con los sectores privados y productivos de cada entidad, en donde puedan facilitar principalmente el crecimiento y desarrollo de los mismos, para cristalizar el principio de que todos los ciudadanos tenemos derecho a bienes y servicios de calidad.

En lo político, los gobernadores o gobernadoras, están en el deber de reclamar para sus estados, la mayor inversión posible, no sólo a través de la maltratada partida constitucional denominada situado constitucional, sino también activando y reclamando para sus respectivos tesoros, los otros ingresos a los cuales tienen derecho,  sobre todo los necesarios y esperados impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les debe asignar de una buena vez, por una Ley de Hacienda Pública de los estados, que no termina de sancionarse y publicarse por las autoridades legislativas y ejecutivas nacionales, quienes se valen de esta omisión, para seguir concentrando los recursos financieros en el nivel central, en detrimento también del principio de igualdad política.

Frente a la actual disfunción democrática, los gobernadores y sobre todo los que sean de verdaderas procedencias pluralistas, tolerantes y respetuosas de la dignidad humana, están llamados no sólo a hacer gestión proporcional, a sus presupuestos y situación monetaria del país, sino también complementariamente a organizar, articular y movilizar a la población que rechaza al régimen autoritario y hegemónico que nos gobierna desde hace 22 años, impulsando para ello la educación ciudadana dirigida a la trasmisión de los valores democráticos, los cuales empiezan por el respeto al honor, prestigio y reputación de las personas, pues es necesario que se eleve también el nivel del debate entre las fuerzas políticas en contienda.

Por último, los políticos debemos entender que las anteriores circunstancias, les exigen una voluntad férrea, cuando se deciden a conquistar gobernaciones, pues el camino para llegar a ellas, no es nada fácil; convocar a la participación ciudadana para aligerar el peso de las dificultades es y debe ser una solución permanente y creciente; al respecto, no se duda que una conducta institucional de una Gobernación legitimada a través del voto popular, puede influenciar el funcionamiento de otros órganos o entes del Poder Público, que ante las exigencias ciudadanas de democratización, pudieran moderar sus parcializados procederes.