Prohibiciones electorales Por Julio César Hernández

Es bien sabido que, durante una campaña electoral, las autoridades de los distintos órganos de gobierno, tienen la obligación de suspender la propaganda sobre su gestión, tal vez, con la excepción de la relativa al cuido contra el covid-19 o la del regreso a las aulas de clase. Sobre lo dicho, no existe una normativa dirigida a poner límites al Gobierno dominante, ni menos aún a sus candidatos a fin de evitar los consabidos ventajismos o abusos, de los cuales se regodean, en detrimento de los caros principios constitucionales de imparcialidad y equidad que rigen como cauce los procesos electorales en general.

En nuestro medio, observamos largas y habilidosas cadenas que tienden a beneficiar a los candidatos del oficialismo, buscando con ello, influir en el ánimo de los electores, con una supuesta información que a la larga resulta una clara propaganda electoral; sin que la autoridad electoral nacional, pueda hacer mucho, para prevenir y sancionar esta clase de excesos, aunque sean visiblemente vergonzosos. Por estas circunstancias, el gobierno central, sigue usando los medios de comunicación públicos y privados a su real antojo, pues hasta tanto no haya una sanción o sanciones ejemplares al mismo, su partido o a uno cualquiera de sus candidatos estas ilicitudes seguirán.

Resulta claro entonces que la propaganda política lejos de ser una actividad destinada a ofrecer información seria, sin importar que ésta sea verdadera o falsa, es un mecanismo de producción de sentidos sociales, que muchas veces acepta y apoya la oferta electoral del que manipula o abusa con esa clara intención. Aún en el país, el CNE tiene varias tareas pendientes en ese sentido, máxime que como ocurre en nuestra entidad federal, tenemos un candidato a la Gobernación que no sólo por razones éticas y legales, no sólo inaugura obras públicas, de manera desparpajada, sino que también dentro del lapso de la campaña electoral, está ofreciendo un conjunto de planes y proyectos gubernativos, manejados y administrados por él, con un discurso y mensaje proselitista a fin de procurar captar adherentes a su causa de esa innoble manera.

Respecto de tan inapropiadas conductas, la sociedad en general,  no puede permanecer indiferente o acostumbrada a las mismas, pues esa anomia, no sólo fortalece esta clase de prácticas, sino que también las legitima, al ser aceptadas, sin ningún tipo de cuestionamiento o denuncia ante la comunidad nacional o internacional. Hay que seguir llamando la atención de la autoridad electoral nacional, las veces que sea y sin cansancio alguno, pues en base a esa falta de constancia política, el gobierno dominante se presenta como representante de un sistema político que hace elecciones de manera  sucesiva, aunque de manera tramposa en varias de sus fases previas al acto de votación, pero que no son puestas al conocimiento y bien explicadas ante la opinión pública.

En definitiva, las fuerzas políticas verdaderamente comprometidas con la depuración de los procesos electorales en el país, deben propugnar firme y categóricamente en su labor política elevar la calidad de esa representación, a fin de que se le puedan desprender al régimen dominante, un conjunto de ilegitimas prerrogativas o ventajas, que le restan oportunidades a sus adversarios de poder acceder a los cargos públicos de elección popular. Así mismo, proponer y acentuar la necesidad de redactar y promulgar normas que eviten que el Presidente de la República en sus frecuentes e injustificadas cadenas, se dirija a sus adversarios con sorna o desprecio. Esas y otras tareas más, deben ser normativizadas a la brevedad.