Opinión De vuelta con la legitimidad Por Julio César Hernández

La legitimidad en buena medida es catalogada como la otra “cara del poder” por autores como Vallés, lo que permite a quien pueda detentar el poder, imponer ciertos límites a la voluntad de otros actores políticos, dado que dispone de los medios de coacción a tal fin. Con su uso se pretende cuestionar actuaciones de sectores tanto del gobierno, como de la oposición, cuando la población seguidora de uno o de otro bando percibe, que se han tomado decisiones al margen de la legalidad o de un sistema colectivo de valores que los rige; pues ambas son fuente de origen de la misma.

Tradicionalmente se admite que la voz legitimidad evoca la conformidad de un mandato o de una Institución con la ley. Sin embargo, el concepto en cuestión es más amplio que el de legalidad, pues como se acaba de señalar, esta última comporta una adecuación a una norma o conjunto de normas; mientras que la legitimidad cuida que las decisiones que resultan de aquellas se ajusten a un sistema de valores sociales, lo que produce cuando hay plena coincidencia al respecto, una sincronía entre lo legal y lo legitimo, pues la población considera que las cosas se hicieron conforme a la ley, y respetando los valores y creencias populares.

Para el politólogo Vallés, aún en los regímenes dictatoriales, no se renuncia a dictar políticas y argumentos para intentar convencer a la opinión pública de lo justificado de  sus intervenciones ante la sociedad; buscando captar con ello también el consentimiento o legitimidad de algunos sectores empresariales o comerciales, que ven en esas decisiones, oportunidades ciertas de concretar por ejemplo libertades económicas, como la libre empresa o el libre comercio, lo cuales a un régimen autoritario como el que confrontamos en el país, le interesa activar, para poder enfrentar de una mejor manera la agobiante realidad económica que padecemos.

De la misma manera, desde el punto de vista político, se debe tener presente que la legalidad constituye tan sólo una de las varias dimensiones o perspectivas, necesarias pero no suficientes para que se configure la legitimidad; las otras son sociales y psicológicas; en tal virtud enseña el politólogo mexicano Sánchez Andrade, que las normas requieren justificación social y consideraciones morales que las trasciendan, por lo que quedará a la valoración de la gente, su verdadera legitimidad; lo en un país como el nuestro, producirá aceptaciones o rechazos, sin que por ello, las políticas o decisiones del Gobierno actual, sean desobedecidas.

Por último, decir que el actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, es ilegitimo, ello para nada afecta el poder de que dispone, y en cuanto a manifestaciones de desacato o desobediencia civil a su mandato, las mismas son casi que imperceptibles, no muy numerosas o las actuaciones de sectores de la sociedad contrarios a su gobierno, no están apartadas de la ley; todo lo contrario pareciera que ya es común y habitual vivir o convivir, bajo una legitimidad tradicional, basada en un intermitente orden legal o de acuerdos entre gobernantes y gobernados.