Javier Tarazona, director general de FundaRedes, denunció que: ´´más de 90 alcabalas ilegales instaladas a lo largo del estado Táchira, sirven para la extorsión y el financiamiento de los cuerpos de seguridad y de los grupos armados irregulares, y se han convertido en una herramienta de control social que usa como excusa la pandemia para vulnerar los derechos a los ciudadanos´´.
Aseguró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus
frentes 1, 3, 21, y 33 tienen al menos 5 alcabalas instaladas en el Táchira,
mientras que las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen 4 de
estos puntos.
Dijo Tarazona que según los testimonios documentados por
FundaRedes las personas deben cancelar alrededor de 10 dólares americanos para
poder ingresar o salir del Táchira, de los cuales 5 son para los cuerpos de
seguridad (PNB, Politáchira, GNB, Cicpc, Ejército, Policía Municipal, e incluso
el Saime), y 5 son para los grupos armados irregulares.
Indicó que solo en el municipio San Cristóbal se han
instalado más de 30 puestos ilegales que impiden a los ciudadanos movilizarse
incluso para actividades cotidianas y necesarias como la compra de alimentos y
medicamentos, o acudir a sus lugares de trabajo. En el caso del municipio
Bolívar, fronterizo con Colombia, existen cerca de 10.
“Los efectivos de diversos organismos de seguridad reciben
órdenes de sus superiores de recoger un pote en cada alcabala, quitándole
dinero a los ciudadanos, y esto ocurre porque incluso los uniformados son parte
de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y con sueldos de 5 millones
de bolívares que representan menos de 3 dólares mensuales, no alcanzan a
adquirir ni dos productos básicos, razón por la cual se dedican a extorsionar a
las personas” expresó Tarazona.
Los migrantes forzados que en su mayoría se desplazan
caminando desde el centro y el oriente del país también son víctimas del cobro
en las alcabalas, y sin importar las condiciones en las que se movilizan sin
ningún recurso, los funcionarios les quitan lo poco que llevan en sus equipajes
o en efectivo para permitirles pasar.
Amenazan a motorizados
Señaló que similar situación ocurre con motorizados que
trabajan en diversas actividades económicas, quienes a diario son amenazados
para poder quitarles dinero en las intersecciones puestas por los uniformados;
hechos que se repiten con los productores agropecuarios que entran o salen del
Táchira, que deben dejar parte de sus cargas en las alcabalas o pagar altos
montos en dólares para poder avanzar, lo cual termina impactando en el costo
final de los productos.
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