Laidy Gómez, gobernadora del Táchira, lamentó el estado de deterioro en que se encuentra la sede de Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio (UPEL), ubicado en el municipio Junín, luego de haber sido utilizada por el «protectorado» para el funcionamiento de los Puntos de Atención Social Integral (PASI).
“Es realmente doloroso ver la indolencia y el abandono en
que se encuentran las instalaciones de esta importante casa de estudios gracias
a la irresponsabilidad de los representantes nacionales, que tomaron la
decisión de habilitarlas como centro de asistencia sin medir las
consecuencias”, afirmó.
El recinto universitario – denunció la mandataria regional-
presenta grandes deficiencias que van desde el deterioro de su infraestructura
física y áreas comunes hasta el hurto de cables de energía eléctrica y piezas
sanitarias.
“Lamentamos que a través del «protectorado» se haya
incentivado al deterioro de este centro de estudios superiores que fue
habilitado para el refugio de migrantes que retornaron al país durante la
pandemia, y más aún que la promesa de recuperación de sus instalaciones haya
quedado en el olvido”, aseveró.
A este este señor – enfatizó Gómez- se le olvidó la
recuperación de las instalaciones de la UPEL.
Destacó que el ejecutivo regional siempre ha demostrado la
mejor disposición para ayudar en ámbito social y responsabilizó a los
representantes del régimen del deterioro de la UPEL, “estas instalaciones son
el Alma Mater del occidente del país y hoy se encuentra a oscuras, abandona y
desmantelada”.
En este sentido, la gobernadora tachirense hizo un llamado a
la sociedad civil de Rubio y egresados de la UPEL para unir esfuerzos y
voluntades en aras de rescatar el recinto universitario.
“Este centro no puede quedarse en la ruina como todo lo que
agarra el régimen. El llamado es a la unión de todos los sectores para salvar
las instalaciones y el gobierno regional está dispuesto a cooperar”,
expresó.
En una jornada de asistencia integral para la comunidad
universitaria.
“Fueron atendidos durante el desarrollo de la
jornada social más de 120 funcionarios, actividad donde además recibí algunos
requerimientos por parte de la comunidad universitaria como la reactivación del
servicio de desarrollo social; además de restablecer el servicio eléctrico y
mejorar las áreas comunes”, señaló.
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