Cuando Nicolás Maduro resolvió en 2018, adelantar las elecciones presidenciales, sabía perfectamente que esta decisión era claramente ilegítima, pues se apartó del Estado de Derecho; se amparó, para ello, en ese momento en la espuria Asamblea Nacional Constituyente, en su incondicional Consejo Nacional Electoral y en general en toda su estructura dominante de poder. Lo que sí no calculó, aunque le favorecía era qué tan irregular actuación, iba a provocar desgano y apatía en un sector de la oposición.
La ilegitimidad de su elección, se convirtió en una patente
de inactividad política y electoral, para esos sectores y otros que también
temerosos de las reacciones despóticas de los primeros se paralizaron en el
enfrentamiento contra el régimen. Sin embargo, esa postura política difundida
con vigor y que caló en el ánimo de una mayoría electoral en el país, no es del
todo cierta. Ello porque el término legitimidad tiene un significado
multidimensional: jurídico, sociológico y psicológico, en donde confluyen factores
adicionales, como la obediencia, el sistema social y el nivel político de la
clase política.
En cuanto al factor sociológico de la obediencia, si bien
hay un severo cuestionamiento a la elección libre y transparente del actual
régimen político, ello no ha impedido que los asuntos internos de la vida del
país, sean despachados por este
ilegítimo gobierno, sin que encuentre o pueda encontrar respuestas sociales de
rechazo o reconsideración del lado contrario, pues la ilegitimidad de Maduro y
todo su régimen, ha sido un freno argumental, para accionar en lo político o
electoral; ha sido una patente, para no hacer política, un consentimiento
expreso para evadir al régimen, cada vez que éste decida controlar más
instituciones, por el desgano de algunos en conservarlas.
Una consecuencia de lo anterior, ante esta falta de cálculo
y ponderación política, es que el régimen es obedecido, y sólo se pretende
desobedecerlo con llamados abstencionistas, creyendo que, con eso, se demuestra
plenamente esa ilegitimidad. No se piensa como dice el profesor Ángel Álvarez,
desde la óptica del realismo político, esto es, "las elecciones pueden
lograr poder político, como medio para lograr cohesión social y poder medir así
el verdadero apoyo popular a la dirigencia política".
Los verdaderos demócratas, que no
revolucionarios o anarquistas, tenemos que convencernos de una vez por todas,
que, si votamos en las elecciones regionales, no se legítima al régimen, porque
su presencia es en todo este período constitucional manifiestamente ilegal. Esa
ilegitimidad de otra parte, se disimula con un sistema social compuesto por
organizaciones sociales y políticas comunitarias, que interactúan entre sí, de
acuerdo con normas y significados culturales compartidos, que cumplen la
finalidad de darle visos de legitimidad al régimen, ante los espacios políticos
que se han dejado y que no impiden que ese adorno político llamado
ilegitimidad, siga alimentando el poder del régimen.

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