Opinión Derecho a la Justicia Soberanía a prueba de drogas Magistrado Marco Medina .

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Así, el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, trazó el camino para el logro de una ruptura definitiva de las cadenas que nos mantenían atados a las soberbias políticas internacionales planteadas, con imperativo cumplimiento para los países del hemisferio sur, por el gobierno de los Estados Unidos.

Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las políticas comerciales, fiscales y de seguridad de la Nación en América Latina fueron encaminadas por las directrices de quienes manejaban los intereses norteamericanos, pero con un marcado énfasis en un país con una ubicación geoestratégica envidiable y apetecible, con una marcada comercialización cafetera, de cacao y con un prominente desarrollo petrolero, poco conocido en el Mundo, pero suficientemente observado por quienes han sido hienas del dominio de los recursos naturales. Este pequeño, pero hermoso paraíso se llama Venezuela.

De allí que muchos de los gobernantes de la época sucumbieron a las tentaciones impuestas por los amos del Norte, conllevando la entrega de la direccionalidad de la gerencia gubernamental para el resguardo de los intereses de las grandes corporaciones, sufriendo el regalo de nuestros principales recursos económicos y naturales y, en muchos casos, su desvío hacia países vecinos, ya desde hace siglos, controlados, cual títeres, por los colonizadores imperiales.

Lo anterior implicó la generación de políticas públicas, con un marcado control social formal, siguiendo las posturas, en distintas áreas, ya planteadas en otros países, pero fundamentalmente por el Gobierno norteamericano, con instituciones establecidas en Venezuela y con notable influencia, no solo en nuestros organismos públicos, sino además en los procesos de formación, desde la educación inicial formalizada hasta la preparación universitaria y profesional, sin dejar de lado los procesos de enseñanza no formales, como los derivados de la religión y los medios de comunicación social.

Nuestra política antidrogas no fue la excepción, pues estuvo dominada durante décadas por quienes la manejaron de manera uniforme para los países latinoamericanos, sin respetar su cultura, creencias, posición geográfica y sus gestaciones ideológicas. En efecto, nuestras acciones de estado estaban encaminadas, por mandato imperial, a exterminar, no el flagelo, sino los sectores sociales incómodos para el mantenimiento de los mecanismos de resguardo de los intereses económicos de quienes detentaban el poder mundial y quienes servían de puente en lo interno, persiguiendo, a través de la pretendida “lucha contra las drogas”, a estudiantes, políticos de izquierda, cultores y disidentes del pensamiento único.

Fue con la llegada del comandante Hugo Chávez y la promulgación de la Constitución Bolivariana de 1999 que se produjo la expulsión de la DEA del país, generándose un cambio de paradigma en el abordaje del problema de las drogas, entendiendo ya el fenómeno desde la raíz, esto es, desde la generación macro del problema trasnacional del narcotráfico y no desde la perspectiva del simple consumo y posesión. Precisamente, ese cambio de concepción, hacia la visión liberadora y social del problema, puso a Venezuela en la palestra como ejemplo de dignidad en el ataque al manejo capitalista del conflicto de los estupefacientes, pero a su vez centró los ojos de los poderosos que comercian con la sustancia maligna en la Patria de Bolívar, pues nos erigimos en amenaza de su negocio gracias a nuestras políticas antidrogas, soberanas y revolucionarias.

Sin embargo, resulta largo el camino por recorrer y aún tenemos deudas importantes, desde lo formativo, lo ético-moral y lo normativo, pues aún existen vestigios de las líneas exógenas dictadas para el manejo del problema que inundan nuestros procesos de aprendizaje y minan a nuestra juventud a través de los mecanismos de control social formal e informal. Resulta imprescindible, por parte de la Asamblea Nacional, la producción de un cuerpo normativo que elimine de una vez por todas, cualquier disidencia con los cánones humanistas de abordaje al problema, centrándose en el ser humano como el principal afectado y borrando el enfoque neoliberal de las drogas, protector de los poderosos capitales del narcotráfico internacional.

Marco Antonio Medina Salas.

Magistrado.