Discusiones obligadas Por Magistrado Marco Medina

 

El paso a la postmodernidad implicó un cambio de modelo en el manejo del abordaje de ciertos temas por presentar distintos mecanismos que generan una diversidad de pensamientos y conocimientos alternos, distintos y complejos construidos desde teoremas que centraron su atención en las principales necesidades del ser humano, en el clamor social ante el entierro de la daga del oscurantismo científico, la rigidez normativa, la proscripción de libertades académicas y el mantenimiento del status quo por parte de las élites en el poder mundial.

De igual manera, en América Latina, el derrumbamiento de las aberrantes dictaduras militares de derecha en gran parte de nuestros países, lo que dio paso a las democracias representativas detentadas por las clases burguesas con visión neoliberal, generadoras de pobreza y aislamiento de los sectores más necesitados, provocó innumerables movimientos sociales que, poco a poco, fueron levantando la voz libertaria de la participación directa y protagónica en la formulación y ejecución de las políticas que estaban reservada para quienes detentaban el poder político y económico en representación de quienes mandaban desde las redes imperiales o basados en el recorrido oceánico del nuevo eurocentrismo.

Así comenzaron a surgir Constituciones verdaderamente democráticas, con participación del poder popular transversalizado a lo largo de sus recorridos normativos y con una concepción de los distintos Poderes que forman parte del Estado inclinada a lo social y humano, en detrimento de la voracidad del capital como recurso de las grandes trasnacionales que dirigían los gobiernos de turno. En ello, fue esencial el empuje generado por los sectores de la sociedad que llevaban siglos pisoteados y que reunidos en “movimientos societales”, como afirma Alain Touraine, fueron haciéndose espacio en las carreras por dirigir los destinos de los pueblos.

Venezuela tuvo su punto de ebullición político, social, cultural y científico, con los movimientos iniciales generados el 27 y 28 de febrero del año 1989 y luego las insurrecciones populares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, que trajeron aparejadas grandes transformaciones en el aparato del Estado, precedidas de escenarios planteados para las más trascendentes discusiones públicas, sobre temas lanzados al olvido o nunca considerados por quienes detentaban posiciones de privilegio en los recintos universitarios, legislativos, judiciales y ejecutivos de la época.

Lo anterior fue el gran detonante para el surgimiento de uno de los instrumentos normativos que se erige como modelo del mundo occidental, por su audaz y revolucionario diseño de inclusión social, con un modelo de Estado compuesto y complejo, que abandonó la simplicidad heredada por los vestigios liberales y burgueses de la Revolución Francesa, para entender los basamentos históricos y filosóficos de un proceso de cambio propio, interno pero muy fuerte, el proceso de la Revolución Bolivariana. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 se constituye en el paradigma de participación social más importante que tienen los pueblos del Mundo, consecuencia primaria de la discusión profunda de los temas invisibilizados históricamente, pero convertidos en ferviente realidad contemporánea.

No obstante, el auge de nuevos mecanismos de ataques difusos hacia las naciones progresistas, utilizando armamento de cuarta y quinta generación, esencialmente llamados medios de comunicación, que difunden el virus de la opacidad discursiva y expanden la intolerancia social, ha desencadenado el olvido de la necesidad de discutir temas de transcendencia nacional y que hace necesaria la perfecta unión entre quienes tienen el mandato constitucional de dar cabida al clamor del pueblo por resaltar el papel que juega cada sector de la sociedad en los procesos liberadores y de defensa de nuestra independencia y soberanía. De allí, que se tengan que debatir temas que, por temor, resguardo de intereses, pretensión de imponer una única verdad o simple ignorancia, se han convertido en tabú para quienes deben emprender la iniciativa social de consulta.

Puntos como la despenalización de ciertas conductas, como el consumo de cannabis sativa para el uso medicinal, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homoparentales, el aborto, la minimización del derecho penal, la discusión sobre la tauromaquia, regulación de los medios de comunicación social y nuestra seguridad nacional y económica deben trazar la agenda de todos los Poderes del Estado, en aras de la consolidación de nuestro modelo de participación.

Marco Antonio Medina Salas.

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.