Opinión Plan de Seguridad Integral para el Táchira Por Magistrado Marco Medina

Durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, la coordinación entre los organismos de seguridad, las instituciones encargadas de la investigación, la Fuerza Armada y los estamentos encargados de delinear la acción penal no tenían sustento, no contaban con bases normativas, constitucionales ni legales, que permitieran una acertada política criminal o anti criminal que generara seguridad en la ciudadanía, mediante planes con carácter científico y que incluyeran, en primer orden, al sector directamente afectado por la distorsión social y delictual.

Esta descoordinación habitual en los procesos de abordaje ante conflictos criminales y la falta de planes para atacar el flagelo criminal y que se tradujeran en acciones positivas o afirmativas por parte del Estado, desataron una serie de eventos con catastróficos resultados para las víctimas e, incluso, para las personas que emprendieron la acción delictiva y, por supuesto, para las instituciones del Sistema. Además, la adición de un elemento como especie amarga para la problemática la puso sobre el tapete, la visualizó y produjo una reacción en cadena en la colectividad, esto es, los medios de comunicación.

Luego, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 1999, se trazó una línea de acción para las políticas públicas en materia de abordaje a la criminalidad y la necesidad de generar posiciones acordes para la actuación de los organismos de seguridad y todas las instituciones que participan de una u otra forma, en la elaboración de planes de acción que minimicen el trajinar delictivo en el país. En efecto, los artículos 322 y 326 de la Ley fundamental, emitieron un llamado profundo y sólido a la elaboración de una política integral que involucre al Estado y a la sociedad civil en el resguardo en la seguridad, defensa y desarrollo de la Nación, así como en el cumplimiento de los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, el artículo 332 de la Constitución lanzó una flecha certera al corazón de la problemática que durante décadas aquejó a los organismos de seguridad, conceptualizando la misión del Estado en la materia, indicando que consiste en la necesidad de mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y las ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales. De allí surge la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, el 20 de septiembre de 2001, como un clamor de la población con el objeto de regular la coordinación, la cooperación recíproca y el establecimiento de parámetros en ámbito de su ejercicio, así como la elaboración de planes en pro del desarrollo armonioso de la colectividad.

No cabe duda, que los últimos años han sido de constantes ataques hacia el país, desde adentro, con violentos eventos que han generado la acción de los organismos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como desde el exterior, incluso con pretendidas invasiones que provocaron el máximo esfuerzo de todos los venezolanos y las venezolanas para defender nuestra seguridad, integridad, independencia y soberanía. Nuestras fronteras han sido el escenario propicio para tales eventos, pero particularmente el estado Táchira, como punto de referencia geoestratégico nacional, por ser puerta de entrada y salida, pero además por sus históricas relaciones binacionales con Colombia, centro de acopio de los instrumentos que han pretendido dominar a la patria de Bolívar.

Recientemente, el Gobernador del estado Táchira, Licenciado Freddy Bernal, anunció un Plan de Seguridad Integral para la importante entidad andina, que involucra a los diferentes entes que han mantenido la paz en los últimos años en beneficio de la ciudadanía, pero con unas profundas bases humanistas y sólidos principios que ya se venían manejando desde su designación como Protector, esencial para la lucha contra las bandas de delincuencia organizada y el paramilitarismo que hacía vida en la zona de frontera, y que han desaparecido producto de la acción coordinada con las instituciones actuantes y las entidades pertenecientes al Sistema de Justicia.

Causa gran alegría el anuncio del Plan de Seguridad Integral para el estado Táchira, sobre todo por el avance que se ha venido percibiendo en materia de desarrollo económico e industrial, teniendo como base sólida la producción agroindustrial y el turismo, lo que ha generado un importante centro de inversión de sectores privados nacionales y extranjeros con miras a elevar las cifras de empleos disponibles, para lo cual resulta primordial trazar emprendimientos de Estado positivos y fuertes, con una perfecta conjunción entre los distintos poderes, pero sobre todo el que transversaliza la vida del país, el poder popular. Además, será relevante encausar las acciones para la materialización de esta política de Estado de todos los centros de control social formal e informal que hacen vida en la región y que permita su adecuada promoción e internalización en los procesos de formación, en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario profesional.

Marco Antonio Medina Salas.

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.