Derecho a la justicia Opinión Derecho penal: rompiendo la lógica tradicional y el pensamiento lineal Por magistrado Marco Medina

La igualdad material engloba la idea de una responsabilidad moral de la sociedad para con el débil, para con el que se encuentra al margen de la toma de decisiones fundamentales, para aquel que por diversas razones no está en condiciones de competir en igualdad de circunstancias con los demás y sobre los que la sociedad debe ejercer algún tipo de protección.

De ahí surge la fuerza normativa de la Constitución, en virtud de la constitucionalización del entero ordenamiento jurídico, cuyas repercusiones implican que toda labor de interpretación debe afrontarse procurando, esencialmente, la conformidad con la Carta Política, fundada no solo en el respeto a la dignidad humana, sino en la existencia de nuevas fuentes del derecho. Constituye el cambio trascendental de visión política, en donde la norma se encuentra en función de la persona, y no al contrario, o sea, el referente central es la persona humana, socialmente integrada, en la visión aristotélica, base de todo el andamiaje constitucional venezolano, centrada en la fórmula kantiana de que el ser humano no debe ser tratado por el Estado como un objeto formal, sino con respeto y dignidad.

Resulta por ello necesario, examinar detenidamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para extraer de su literalidad, de sus principios generales y su espíritu, su programa penal; vale decir, el conjunto de postulados político-jurídicos y político-criminales del que podemos afirmar que constituye el marco normativo en cuyo seno el legislador penal puede y debe tomar sus decisiones, y en el que el juez o la jueza ha de inspirarse para interpretar las leyes que le corresponda aplicar. De aquí parten, principalmente, los cambios que hoy afectan nuestra disciplina penal.

Aunado a ello, la Constitución consagra un amplio catálogo de los derechos-garantías, que se erigen como columna vertebral de donde dimanan los bienes jurídicos, traducidos en el principio de necesidad, que también reconoce la existencia de bienes jurídicamente protegibles de carácter colectivo o supra individuales, pues se vive, en toda su extensión problemática, en una sociedad de riesgo.

Así pues, lo que justifica el consenso social que legitima al Estado Social y a su poder punitivo es que su intervención se produzca por la necesidad de protección de intereses fundamentales de distinto carácter orientados hacia el individuo y a la sociedad, posibilitándole a aquel la participación en un determinado sistema social. Estos intereses se denominan bienes jurídicos, que vienen a constituir un límite al sistema penal, que debe cumplir un fin de seguridad jurídica, vale decir, de garantía de la coexistencia social, tutelando verdaderos bienes jurídicos y no solo valores éticos-morales. Por esto, aquellos se tornan en uno de los límites del derecho penal, a la par de la dignidad de la persona humana.

La constitucionalización del derecho penal, no depende exclusivamente de una incorporación expresa de las normas punitivas básicas de la Carta Política, pues la idea del Estado social y democrático de Derecho y de Justicia cumple una función decisiva en la configuración de las normas penales y su interpretación. Ello genera, en quien se interesa por el análisis de la rama sustantiva de los conflictos penales que, dentro de este horizonte, pueda avanzar con un sólido conocimiento de sus fundamentos filosóficos, políticos y científicos hacia el estudio del Código Penal y las leyes especiales, justamente en lo que atañe a sus posturas progresistas y, al mismo tiempo, la actitud prudente del nuevo legislador en ciertos temas importantes de la dogmática penal, que se tornan en conquistas imprescriptibles e irrenunciables en un Estado axiológico y garantista como lo quiere ser Venezuela.

Se busca propiciar no sólo el análisis científico del estatuto actual o de uno por venir, sino su examen a la luz del pensamiento de la contracultura, característico de la época, en el que cabe el debate a la modernidad. El tema nos lleva a plantear la función del derecho penal en países como el nuestro, enmarcado en la conflictividad propia de la América Latina, en donde más que leyes para cambiar, necesitamos del hombre nuevo, de la mujer nueva, de nuevas cosas y de una mentalidad distinta, a tono con la dirección que plantea la Constitución bolivariana, la Constitución que enmarcó nuestro proceso de cambio.

La realidad que se muestra supone un proceso en el tiempo, que involucra desde luego, cambios curriculares en la formación de jueces y abogados (especialmente de aquellos), para configurar nuevos perfiles profesionales que se ciñan a las exigencias de los tiempos y pongan en crisis los conceptos viejos, mediante los que se explicaba el fenómeno jurídico, dada, a su vez, la insuficiencia de los métodos jurídicos tradicionales. Por esta razón, el estudio del derecho hoy implica una reformulación de bases y principios, según el momento histórico, capaces de dinamizar el saber y el hacer, en donde subyace una autorreflexión del sujeto observador y su papel en el proceso de conocimiento, rompiendo con la lógica tradicional y el pensamiento lineal.

Marco Antonio Medina Salas.

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.