Opinión La crisis del dogmatismo en el derecho penal Por: Abogado Marco Medina

De las ciencias sociales, la más atrasada frente a los avances que en su interior se registran es el derecho. No sin razón, el psicólogo estructuralista Jean Piget ha escrito que “…los estudios jurídicos constituyen un mundo marginado, dominado por problemas de normas, más que de hechos o de explicaciones causales”.

Esto, en el derecho penal, ha puesto de manifiesto el carácter ficticio de muchos presupuestos dogmáticos acerca de sus cualidades de racionalidad, que hoy resultan insuficientes e inadecuados para regular las nuevas realidades de la complejidad, más tratándose de temas como la participación, la complicidad, la autoría, la omisión, cuestiones dogmáticas de interesante actualidad, sumadas a la crisis del dolo, apoyado en la voluntad, por ende la crisis de la acción y sus distintas implicaciones (sociales, políticas, jurídicas).

Es esta, entonces, la situación de la crisis del dogmatismo, como absolutización del dogma, por su conversión en verdad reductiva, única y absoluta, que cierra las fuentes reales del conocimiento y coartan el espacio de la libertad. Ahora bien, no es menos cierto que los principios fundamentales y los axiomas de un saber y de una ciencia formal-normativa, como es considerado por muchos el derecho, son dogmas generadores de estructuras y sistemas cerrados, en este caso que hoy pugnan por su apertura, que es comunicación autopoiética-circular, a decir de Maturana y Luhmann.

Lo anterior, termina por enfrentar el derecho penal y la realidad; el saber normativo acumulado y el saber empírico, a partir de la necesaria flexibilidad que hoy se impone del orden jurídico, en su tradicional racionalidad pura kelseniana, actualmente en discusión. Lo mismo ocurre con el principio de taxatividad frente al valor normativo de la jurisprudencia y a las nuevas fuentes del derecho penal, desprendidas del bloque de la constitucionalidad, entendiendo, además, un juez que no se encuentra sometido al imperio de la ley, sino al imperio del derecho, como se desprende del espíritu del constituyente plasmado en nuestro modelo de Estado.

Debemos incorporar esta nueva mentalidad en la formación práctica de los operadores jurídicos, con la necesaria inclusión de una matriz epistémica, que genere la convicción de ir hacia nuevos paradigmas, nuevas formas de vida, fundamentalmente a los jueces, pues el fluyente devenir de la realidad muestra el contraste entre la relativa estabilidad de los textos legales, nacidos bajo tan falaces presupuestos y contextos sociales diferentes y la amplitud de los cambios que presencia el derecho, como consecuencia de la crisis y transformación, no solo de la ciencia, del Estado moderno, sino y, especialmente, de la renovación del derecho público y, del mismo derecho privado. Más aún, si se tiene en cuenta la filosofía que inspira las líneas del pensamiento en el área penal impuesto por nuestra Carta Política, que abre la dogmática a exigencias de justicia material que promueve una política criminal encaminada por el principio de proporcionalidad y el resguardo de la víctima, así como el pensar en la necesidad de pena e intervención mínima, que configuran un derecho penal de ultima ratio, aunado a que permite una apertura del sistema dogmático a la realidad social.

Es pues, urgente que la justicia material se convierta en guía y orientación para la jurisprudencia y la ciencia jurídica, entendida ella como contenido axiológico de la idea de derecho y, por tanto, como suma de idealidad jurídica, o como la verdad que emerge de la consideración ontológica de la naturaleza de las relaciones sociales.

Doctor Marco Antonio Medina Salas.

Magistrado Emérito del Tribunal Supremo de Justicia y Docente Universitario.