Opinión Reacciones electorales Abg. Julio César Hernández

Pasadas las elecciones regionales y municipales, el efecto político de dicho evento constitucional, se está sintiendo aún en la República. En términos generales, se pudo confirmar qué el mismo se llevó a cabo, bajo unas irregulares condiciones, propias de los sistemas electorales semi competitivos, característicos del régimen imperante, aunque en esta ocasión, se haya pretendido maquillar de competitivo.

Sobre este último particular, el pasado 23 de noviembre, la Unión Europea en su misión de observación electoral, informó que si bien los cinco (5) rectores del Consejo Nacional Electoral, lograron mejoras en los componentes técnicos a través del diálogo interno, la Institución no contó con efectivos poderes sancionatorios, lo que evidentemente le restó autonomía en el control del proceso electoral. Tampoco se pudo evitar el uso de recursos del Estado, el ventajismo, los puntos rojos y se le agregaría el abuso militar.

Los resultados de tan importante evento ya han sido suficientemente analizados por expertos en la materia política, sobre todo lo que tiene que ver con nuevas y posibles alianzas y otros compromisos a lo interno de la oposición o de las oposiciones. Por ello, en esta ocasión, la idea es analizar o revisar la reacción del Gobierno central frente a los episodios de los estados Mérida, Guárico, Barinas y el Zulia.

En los dos primeros casos, fueron detenidos alcaldes contrarios al régimen autoritario, al que no le guste perder elecciones, así los votos no los favorezcan. Su reacción no fue democrática, es decir, de aceptar los resultados, una vez constatadas las actas de escrutinio, que dieron el triunfo al rival de ellos. No, su reacción fue la de movilizar organismo de seguridad para aprehenderlos y desafiar de esta manera a la soberanía popular que los eligió, quién es con valor y entrega tuvieron una causa legítima de protesta, para reclamar la vuelta a la libertad de sus gobernantes locales recién electos.

Y en los casos de Zulia y Barinas, ocurre que el régimen aplica en el primer estado, su acostumbrado y no por ello delictual método de arrebatar competencias presupuestarias, buscando con ello, neutralizar su acción de gobierno en detrimento de la población que los favoreció con su voto y en el segundo caso, quieren impedir el ascenso al poder de un opositor, en un estado considerado por ellos y conforme a su ideología, como un estado símbolo de su movimiento político, por haber nacido allí uno de sus dirigentes, y a tal fin, ordenaron a un militar de alta graduación, retener el acta de escrutinio, creyendo que con ello retenía también la decisión soberana del pueblo barinés; por supuesto, todas esas desproporcionadas reacciones electorales, gracias al voto.