El referéndum revocatorio (RR) es un derecho consagrado en la Constitución de la República de Venezuela de 1999, según lo establecido en el artículo 72. Al igual que otros artículos consagrados allí, “la mejor del mundo” como le llamaron algunos, le sirvieron al ex presidente Chávez, para ganar apoyo de los ciudadanos. Se vendía como lo novedoso, y se esgrimía la fortaleza de la democracia a través de la participación ciudadana en los asuntos del gobierno con la denominada “democracia directa”. La contraloría social tomaba fuerza y había personas que se ufanaban de tales desprendimientos gubernamentales. La emoción les embargaba en todo momento, al término de ser parte del debate en horas de alimentación y el descanso.
Al instante de solicitarse su activación, se comienza a
vivir la realidad, y la promesa escrita pasó a formar parte entre las tantas
ofertas engañosas y populistas diseñadas electoralmente para ese entonces. La
usencia de reglamento de Ley, las hace inviables, y generan contradicciones
entre quienes la promueven, porque el mismo es manipulado según la conveniencia
del gobernante a través del ente electoral, al violentar las “supuestas”
condiciones establecidas para la activación del RR, según resolución N
070906-2770 del 06-09-2007, luego de recibir y admitir la solicitud, elimina de
ipso facto la recolección del 1% de las firmas “requeridas” para la legitimidad
de organizaciones demandantes. Nada bueno presagiaba ese abuso de autoridad.
La decisión de tres rectores del ente electoral promueve la
desconfianza de los ciudadanos sobre el RR, al dictaminar que la recolección
del 20% de las firmas de electores debe hacerse el día miércoles 26 de enero, y
por Entidades Regionales, lo que hace imposible obtener las mismas. Allí no hay
chance de promocionar nada, menos lograr la movilización de los votantes
requerido por cada Estado. Es un madrugonazo del oficialismo diría mi abuela
Agripina. A eso le sumo, “es una burla a la farsa establecida”. Se pasaron por
el forro el manual de normas anteriormente descrito.
Dos decisiones se moverían en torno a ese RR: la demora, o
el anticipo. El régimen apostó por el segundo. Pero de haber jugado en el
primero, la estrategia hubiese sido retrasar el proceso hasta el 2023, para de
ser revocado el actual mandatario, evitar el llamado a elecciones, y nombrar en
su sustitución, para concluir el periodo gubernamental, por efectos de la Ley,
a la actual vicepresidente Delcy Rodríguez, o a quien designe la cúpula del
PSUV en correspondencia con gobierno cubano y ruso. Eso en nada ayuda al
restablecimiento del Estado de Derecho.
La desorganización y desunión en la disidencia al régimen, y
el no reconocimiento a la situación, hace que procedimientos como ese,
permítanme decirlo, y no por eso soy contrario al planteamiento del RR, que
allí se atornille al oficialismo nuevamente en el poder. Gobierno atacó la
debilidad de la oposición.
Arturo Molina
@jarturomolina1
www.jarturomolina.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com
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