La necesidad de figurar y desviar la atención hacia lugar contrario a lo que acontece, para evitar que las personas lo conozcan, se hace presente con fuerza en actores del Gobierno nacional, y son multiplicados por gobernantes regionales, al intentar opacar investigaciones que con evidencia irrefutable muestran información a los ciudadanos.
El tema de la frontera, es amplio para el debate geopolítico
y las consecuencias que se derivan por la ausencia de política pública
consensuada con los actores que hacen vida en ese espacio territorial, por
parte de la elite gubernamental, mantiene a las personas intranquilas y con
dudas sobre el papel del gobierno en esos asuntos. Las decisiones centralistas
han acentuado la presencia de grupos irregulares, y delincuenciales, que
constriñen la tranquilidad y seguridad de los habitantes fronterizos. Revisar
los números que presenta la Organización No Gubernamental (ONG) Funda Redes,
publicada en el Semanario La Prensa del Táchira con fecha del 29/04 al
05/05/2022 más allá de la molestia que pudiera ocasionar al oficialismo, debe
servir para reflexionar, y crear alternativas de solución con la contundencia
requerida.
Los datos suministrados a la fuente periodística por la ONG
Funda Redes permiten elucubrar que el desplazamiento de la delincuencia de
otras partes del país hacia la frontera tachirense se concreta por ser este
paso obligatorio de migrantes que buscan otros destinos, y son poseedores de
algún recurso económico, o para penetrar la actividad comercial que allí se
registra, al señalarse que de las dieciocho (18) bandas que se conocen en
territorio nacional, nueve (9) se encuentran presentes en el Táchira. Aún,
cuando las afirmaciones de algunos ciudadanos estén direccionadas a que las
autoridades no hacen nada para erradicarlas, pudiera también entenderse que es
producto del fracaso de la estrategia utilizada por el oficialismo (si es que
existe), o de convivencia acordada de factores del gobierno con esos actores
delincuenciales, lo que sería en extremo peligroso.
Los cuatro (4) grupos de la guerrilla, señalados de operar
en territorio tachirense, tres (3) son de origen colombiano y uno (1)
venezolano, de los cuales el llamado ejército de liberación nacional
(ELN-Elenos) en cinco (5) de sus frentes, desplegaron sus células en la
entidad. Esa presencia obliga a tener que decir que se duerme con el enemigo,
si se revisa lo ilegal de su estatus. La pregunta obligada sería entonces,
¿Conoce el gobierno de la presencia de irregulares en suelo tachirense? ¿Son
esos los únicos grupos irregulares que se han radicado y extendido en Táchira,
con posibilidad de hacerlo al resto del país? El estado Apure sufre desde hace
tiempo por la presencia de grupos irregulares quienes se disputan el territorio
para llevar a efecto sus negocios.
Los llamados grupos paramilitares, cuatro (4)
específicamente siguen con actividad delincuencial en la zona, destacando los
llamados Rastrojos y los Urabeños. Al parecer, el delito se ha apoderado de la
frontera. Ni el gobierno colombiano, menos el venezolano, tienen control del
asunto. Diversas agresiones son adjudicadas a esas organizaciones. El discurso
envolvente y manipulador del gobierno, ya no es suficiente. El problema es de
proporciones incalculables. Lo amañado termina mal, y entra la pregunta, ¿Qué
pasó con la tan manoseada Soberanía Nacional?
ARTURO MOLINA
@jarturomolina1
www.jarturomolina.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com
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