Opinión La política criminal en la sociedad de cambio. Por: abogado Marco Medina

La política criminal tiene como finalidad la determinación del objetivo con el que se sirve a la creación y a la aplicación de las reglas del derecho penal, entendiendo por tal un momento dinámico de la misma dogmática penal, esto es, aquella fase en que la ciencia, cumplida su tarea básica de conocer y aprehender el sentido objetivo de todas las normas que componen un ordenamiento punitivo dado, se esfuerza por someter a crítica aquellas instituciones o disposiciones caducas o inútiles, inservibles o demasiado imperfectas, de acuerdo con las exigencias históricas, y luego propone derogarlas, modificarlas o sustituirlas, con el objeto de que el derecho penal pueda cumplir más eficazmente su función, siempre en contacto, con el principio o idea del resguardo de la dignidad del ser humano.

Se trata, pues, de una operación que reclama el ejercicio racionalmente consciente de la crítica, pero, además, sensibilidad valorativa.

Así, entre los aspectos más resaltantes que en los últimos tiempos se ha venido desarrollando como hilo reflexivo del debate político criminal están el principio de proporcionalidad, la necesidad de la pena y la intervención mínima para configurar una reforma del sistema penal que tenga como primacía su utilización como ultima ratio. Este principio tiene una triple dimensión que se formula en subprincipios; la intervención restrictiva de los poderes públicos sobre los derechos de los ciudadanos debe ser necesaria, adecuada y proporcionada.

En relación con el poder punitivo del Estado, estos principios cobran un significado de primer orden. Así, en primer lugar, el principio de necesidad reclama que la incriminación de una conducta sea medio imprescindible de protección de bienes jurídicos y comporta la intervención mínima posible sobre los derechos de la persona para alcanzar tal fin, lo que se conoce, respectivamente como principio de protección de bienes jurídicos y principio de intervención mínima. En segundo lugar, el principio de adecuación requiere que la incriminación de la conducta y la consecuencia jurídica de la misma (pena o medida de seguridad) sea apta para alcanzar el fin que lo fundamenta.

Estas consideraciones han llevado a la doctrina a plantear la inclusión del sistema del derecho penal entre una jurisprudencia de conceptos y una solución funcionalista, que parte de la función de la norma, la cual, a su vez, es necesario examinar en un trípode de momentos o secuencias, esto es, cognoscitivo, estimativo y valorativo, en su tridimensionalidad: hecho, valor y conducta, en la visión de Miguel Reale, que permite analizar el derecho como fenómeno multidimensional, acorde con la misión actual de la ciencia penal. Así lo evidencia la dinámica que ha tenido la noción del bien jurídico, mediante las funciones a él atribuidas luego de su constitucionalización y la influencia de la sociología.

La interacción comunicativa y circular que se da en dicha tridimensionalidad, ha sido uno de los motores desencadenantes de la transición que ofrece la ciencia penal, para poder afrontar las nuevas realidades que experimenta la sociedad y el mundo en su conjunto (globalización) donde se da, de un lado, la transformación del Estado; del otro, el cambio de paradigma de la legitimidad. Tales realidades van exigiendo un diferente marco jurídico y un pluralismo de nuevas fuentes normativas, pues las actuales condiciones trascienden el derecho que normatiza el estado anterior de las cosas, y es cada vez más difícil regular las situaciones con las estructuras conceptuales antiguas, por cuya mediación hoy resulta imposible la determinación del equilibrio social y personal del ciudadano, en una sociedad creciente de riesgo y complejidad en todo los órdenes.

Las anteriores comprobaciones implican, necesariamente, un nuevo papel de la jurisprudencia en una sociedad de cambio, que permita sincronizar la legitimidad legalizada, con la legitimidad justa y eficaz, en la doble correlación entre el derecho y la ley.

Doctor Marco Antonio Medina Salas.